ESPECIALIZACIÓN · DERECHO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
La Administración Pública —el Estado, la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Diputación de Badajoz o el Ayuntamiento de Mérida— ejerce un poder enorme sobre la vida de ciudadanos y empresas. Sus decisiones pueden afectar a la libertad de ejercer una actividad económica, al disfrute de un bien inmueble, al reconocimiento de un derecho o al acceso a un servicio público. Cuando la Administración actúa de forma ilegal, desproporcionada o lesiva para los derechos de los administrados, el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos de impugnación que permiten obtener la tutela de los tribunales.
El Derecho Administrativo es una disciplina que requiere un conocimiento técnico específico: los plazos son habitualmente breves y fatales, los procedimientos tienen reglas propias y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia es especialmente relevante para determinar el alcance de los derechos de los administrados. En Olivera Abogados, la práctica en esta materia combina el rigor técnico con un conocimiento actualizado del panorama jurisprudencial y del funcionamiento real de las administraciones que operan en Extremadura.
Recursos administrativos y judiciales
El primer paso para impugnar una decisión administrativa es, habitualmente, la interposición de un recurso administrativo —alzada, reposición o reclamación económico-administrativa— ante la propia Administración. Este trámite, lejos de ser un mero formalismo, es una oportunidad para plantear con precisión los argumentos jurídicos que fundamentarán, en su caso, el ulterior recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. Una mala gestión de esta fase previa puede cerrar puertas procesales que luego resultan muy difíciles de reabrir.
Cuando la vía administrativa no satisface los intereses del administrado, el recurso contencioso-administrativo permite someter la decisión de la Administración al control de los juzgados y tribunales de la jurisdicción contenciosa. Este proceso tiene sus propias reglas —la Ley 29/1998 reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa—, sus plazos estrictos y su propia dinámica procesal. La experiencia del despacho en esta jurisdicción permite a los clientes contar con una representación solvente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida y Badajoz y ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Sanciones administrativas: defensa frente al poder sancionador
La potestad sancionadora de la Administración es una de las manifestaciones más intensas del poder público sobre ciudadanos y empresas. Multas de tráfico, sanciones tributarias, expedientes sancionadores en materia de medio ambiente, sanidad, comercio o actividades económicas reguladas generan con frecuencia situaciones en las que la actuación administrativa no se ajusta a los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad que la Constitución exige.
La impugnación de una sanción administrativa requiere actuar con rapidez —los plazos para recurrir son habitualmente de un mes desde la notificación— y con precisión técnica. La identificación de defectos procedimentales en la tramitación del expediente sancionador, la ausencia de motivación suficiente, la aplicación incorrecta del tipo infractor o la desproporción entre la infracción y la sanción impuesta son argumentos que, bien articulados, pueden conducir a la anulación total o parcial de la sanción. El despacho analiza cada expediente sancionador con el objetivo de identificar la estrategia de impugnación más eficaz para cada situación concreta.
Responsabilidad patrimonial de la Administración
Cuando la actuación de la Administración Pública causa un daño al particular que este no tiene el deber jurídico de soportar, nace el derecho a ser indemnizado por el funcionamiento del servicio público. La responsabilidad patrimonial de la Administración es una institución jurídica de gran importancia práctica: abarca desde los daños causados por el mal estado de las vías públicas hasta los perjuicios derivados de una resolución administrativa ilegal, pasando por los daños producidos por la atención sanitaria en centros públicos.
La reclamación de responsabilidad patrimonial requiere identificar el nexo causal entre la actuación u omisión administrativa y el daño producido, cuantificar adecuadamente el perjuicio y cumplir con los requisitos procedimentales establecidos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. El despacho gestiona este tipo de reclamaciones tanto en vía administrativa como, si fuera necesario, ante la jurisdicción contenciosa, con especial atención a la correcta valoración del daño desde el inicio del procedimiento.
Contratación pública: derechos de licitadores y contratistas
La contratación del sector público genera un volumen económico de enorme relevancia. Las empresas que participan en licitaciones públicas o que ejecutan contratos con la Administración se enfrentan a un marco normativo —la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público— que regula con detalle cada fase del proceso: preparación, licitación, adjudicación y ejecución. El incumplimiento de estos procedimientos puede dar lugar a la exclusión del procedimiento, a la resolución del contrato o a reclamaciones económicas de distinto signo.
El despacho asesora a empresas licitadoras en la preparación de sus ofertas, en la impugnación de adjudicaciones que infringen la normativa de contratación pública y en la reclamación de los derechos que les corresponden en la ejecución y modificación de contratos. La rapidez de actuación es fundamental en este ámbito, dado que los plazos para impugnar son especialmente breves y su incumplimiento determina la pérdida definitiva del derecho a recurrir.
Urbanismo y medio ambiente: el derecho sobre el territorio
El Derecho Urbanístico y la regulación ambiental afectan de forma directa a los propietarios de suelo, a los promotores inmobiliarios y a las empresas que desarrollan actividades potencialmente impactantes sobre el entorno. Las licencias de obras y de actividad, los planes urbanísticos, las clasificaciones del suelo, los expedientes sancionadores ambientales y las evaluaciones de impacto ambiental son actos administrativos que pueden ser impugnados cuando se apartan de la legalidad o cuando lesionan derechos legítimos.
En Extremadura, donde el suelo rústico tiene especial relevancia económica y social y donde la normativa autonómica en materia urbanística y ambiental tiene sus propias particularidades respecto al marco estatal, el conocimiento del ordenamiento jurídico local resulta esencial para defender con éxito los intereses de propietarios y empresas ante las administraciones locales y ante la Junta de Extremadura.
Abogado contencioso-administrativo en Mérida y Extremadura
Mérida, como capital autonómica, concentra los principales órganos de la Administración de la Junta de Extremadura y la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta circunstancia convierte a la ciudad en el epicentro de buena parte de los procedimientos administrativos y contencioso-administrativos que afectan a ciudadanos y empresas de toda la región. Contar con un abogado administrativista con presencia habitual ante estos órganos, que conoce sus dinámicas y sus criterios de resolución, es una ventaja práctica que incide directamente en la calidad de la defensa.
El despacho atiende asuntos contencioso-administrativos en todo el territorio de Extremadura y puede intervenir en cualquier fase del procedimiento, desde la respuesta a un requerimiento administrativo hasta el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La consulta inicial permite valorar las posibilidades reales de impugnación, los plazos disponibles y la estrategia más adecuada antes de que la resolución administrativa adquiera firmeza.