El año 2026 no se caracteriza por un único cambio disruptivo, sino por la confluencia de reformas procesales, penales, mercantiles, laborales y digitales que, tomadas en su conjunto, están reconfigurando el marco jurídico en el que operan empresas y particulares. La consolidación de los medios alternativos de resolución de conflictos, la respuesta frente a la multirreincidencia, la factura electrónica obligatoria y la aplicación progresiva del Reglamento europeo de inteligencia artificial marcan la agenda normativa de este ejercicio.
A continuación expongo las principales novedades ordenadas por su impacto práctico.
1. Ámbito civil y procesal: los MASC como requisito de procedibilidad
La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, despliega plenamente sus efectos en 2026. Su novedad más relevante es la exigencia de acreditar el intento previo de resolución del conflicto a través de un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de poder interponer demanda civil o mercantil.
La ley reconoce como mecanismos válidos la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y el derecho colaborativo, entre otros. El incumplimiento de este requisito determina la inadmisión de la demanda, aunque es subsanable en el plazo de diez días. La negativa injustificada a participar en el proceso puede conllevar condena en costas.
La reforma afecta especialmente a reclamaciones de cantidad, conflictos de arrendamiento urbano, asuntos vecinales y litigios entre empresas. Quedan expresamente excluidos, entre otros, el proceso monitorio, las medidas cautelares, los procedimientos del artículo 158 del Código Civil y los asuntos de protección de menores.
La ley introduce también cambios estructurales relevantes: los Juzgados de Primera Instancia pasan a denominarse Tribunales de Instancia, organizados por secciones especializadas, y se potencia la oralidad procesal con la posibilidad de dictar sentencias in voce en determinados juicios verbales.
Implicación práctica. Esta reforma incentiva la negociación previa y puede reducir la litigiosidad innecesaria. Sin embargo, exige una preparación más cuidadosa del expediente: documentar el intento de acuerdo es ahora un requisito procesal, no una recomendación. Para empresas con litigiosidad recurrente, diseñar protocolos de gestión MASC previos a la vía judicial es ya una necesidad.
2. Ámbito penal: respuesta más contundente frente a la multirreincidencia
El Congreso aprobó el 12 de febrero de 2026, con una mayoría muy amplia —302 votos a favor—, la Proposición de Ley Orgánica en materia de multirreincidencia, que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras su paso por el Senado, donde se introdujeron enmiendas relevantes, el Congreso aprobó definitivamente la norma a finales de marzo de 2026. La ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE.
Las novedades principales son las siguientes. Se endurece el castigo para quienes acumulen al menos tres condenas firmes por delitos de la misma naturaleza: los nuevos hurtos de cuantía inferior a 400 euros se castigarán con penas de prisión de seis a dieciocho meses, y las estafas multirreincidentes con penas de uno a seis años. Se tipifica como supuesto agravado el hurto de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales, con independencia de su valor económico. Se amplían también las medidas cautelares previstas en la LECrim para prevenir la reiteración delictiva, y se reconoce a los entes locales legitimación para el ejercicio de la acción penal en delitos de hurto.
Implicación práctica. Empresas y particulares víctimas de hurtos o fraudes reiterados disponen ahora de instrumentos penales más eficaces. La reforma es especialmente relevante para comercios y establecimientos en entornos urbanos, que podrán apoyarse en herramientas procesales más ágiles para combatir la reiteración.
3. Ámbito mercantil: la factura electrónica obligatoria B2B
El Real Decreto 238/2026, de 25 de marzo (BOE de 31 de marzo), desarrolla el sistema de facturación electrónica obligatoria entre empresarios y profesionales, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022). El real decreto entró en vigor el 20 de abril de 2026.
La obligación consiste en emitir y recibir facturas en formato electrónico estructurado conforme al estándar europeo EN16931 (sintaxis UBL, CII, EDIFACT o Facturae), con identificación única y garantías de autenticidad e integridad. Además, los obligados deberán comunicar a la AEAT el estado de cada factura —aceptación, rechazo y pago efectivo— en un plazo máximo de cuatro días, lo que refuerza significativamente el control sobre la morosidad comercial.
La aplicación efectiva no es, sin embargo, inmediata. Los plazos de obligatoriedad se computarán desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial que desarrolle la solución pública de facturación electrónica, gestionada por la AEAT y pendiente de publicación. Una vez aprobada dicha Orden, las empresas con volumen de operaciones superior a 8 millones de euros dispondrán de doce meses para adaptarse; el resto de empresarios y profesionales, de veinticuatro meses.
Implicación práctica. Ninguna empresa está aún obligada a emitir facturas bajo este nuevo régimen, pero la adaptación tecnológica requiere tiempo y planificación. Conocer el nuevo marco con antelación permite revisar los sistemas de facturación, mejorar el control de cobros y evitar fricciones cuando los plazos comiencen a correr. Quienes se anticipen tendrán una ventaja real.
4. Ámbito laboral: nuevo SMI y avance del Estatuto del Becario
Salario Mínimo Interprofesional. El Real Decreto 126/2026, de 18 de febrero (BOE de 19 de febrero), fija el SMI en 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales. La subida es del 3,1 % respecto a 2025 —37 euros al mes— y tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, lo que obliga a regularizar las nóminas de enero y febrero ya abonados. El SMI queda exento de tributación en el IRPF.
Estatuto de las personas en formación práctica. Continúa la tramitación parlamentaria del conocido como Estatuto del Becario, que elimina esa denominación, impone tutor obligatorio, establece límites de jornada y fija porcentajes máximos de personas en prácticas por plantilla. El proyecto no ha sido aprobado definitivamente y su redacción final puede variar antes de su entrada en vigor.
Implicación práctica. Las empresas deben verificar que sus nóminas cumplen el nuevo SMI desde enero, incluyendo la regularización retroactiva de los meses ya liquidados. Los convenios colectivos que fijen retribuciones por debajo del nuevo mínimo legal deben actualizarse. En relación con el futuro Estatuto del Becario, conviene revisar desde ya los programas de prácticas para identificar posibles incumplimientos cuando la norma entre en vigor.
5. Derecho digital e inteligencia artificial: la aplicación progresiva del AI Act
El Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act, intensifica su aplicación durante 2026. A partir de agosto de este año entran en vigor las obligaciones completas para los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo: aquellos utilizados en procesos de selección de personal, vigilancia de empleados, evaluación de solvencia, contratación o toma de decisiones automatizadas con impacto significativo sobre las personas.
Las exigencias incluyen evaluación de riesgos, documentación técnica, transparencia frente a los usuarios, supervisión humana efectiva y medidas de ciberseguridad. Las empresas que no cumplan se exponen a sanciones que pueden alcanzar el 3 % de su facturación anual global. La aplicación del Reglamento es directa y no requiere transposición nacional.
Implicación práctica. Las empresas que emplean herramientas de IA en procesos que afectan a personas —selección de personal, análisis de riesgos, atención automatizada— deben realizar auditorías de cumplimiento antes de agosto. Los particulares, por su parte, ganan mayor protección frente a decisiones automatizadas que les afecten directamente, incluido el derecho a explicación y revisión humana.
Conclusión: la anticipación como ventaja competitiva
El panorama jurídico de 2026 exige una actitud proactiva. Las empresas que integren con antelación los nuevos protocolos MASC, adapten sus sistemas de facturación, actualicen sus contratos laborales al nuevo SMI y auditen su uso de inteligencia artificial reducirán riesgos, evitarán sanciones y ganarán eficiencia operativa. Los particulares, especialmente familias y autónomos, encontrarán en estas reformas tanto protecciones como obligaciones que conviene conocer a tiempo.
En Olivera Abogados acompañamos a empresas y particulares en la gestión de estos cambios: desde el diseño de protocolos de negociación previa hasta el análisis de cumplimiento normativo en materia digital. Si quiere revisar cómo afectan estas reformas a su situación concreta, estamos a su disposición.
Alberto Olivera es abogado y socio en Olivera Abogados (Mérida, Extremadura), despacho con más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el ámbito civil, mercantil, penal y laboral.
→ Consulta la LO 1/2025 en el BOE
→ Real Decreto 238/2026 — Factura electrónica B2B